Here is the media campaign translated into a strategic procurement process designed for COCOO to win, tailored specifically to the issues uncovered in the Telefónica and Virgin Media O2 case within the UK regulatory environment.
Our media campaign is the essential first step in creating a procurement opportunity. Its primary function is to transform our specific allegations into a widely recognised “problem” that UK public bodies, principally the Competition and Markets Authority (CMA) and the regulator Ofcom, are compelled to address. Through a sustained campaign across digital platforms, we will frame the issue not merely as corporate misconduct, but as a critical failure in the UK’s regulatory oversight. The narrative will be that the current system is ill-equipped to handle novel threats posed by a foreign state’s influence over a key UK infrastructure provider like Virgin Media O2. The persistent evidence from our investigation will create an environment where the status quo is no longer politically or operationally tenable for these regulators.
This public pressure, amplified by our engagement with parliamentary committees such as the Business and Trade Committee and media outlets, creates the political will for action. When senior officials at the CMA or Ofcom are faced with consistent, evidence-based questions about this regulatory gap, they will be forced to seek a “solution” to mitigate the risk and demonstrate they are in control. This internal need for a solution is the catalyst for procurement. To ensure procedural fairness, their need—for external expertise to understand and counter these new hybrid threats to market competition and security—must be formalised through a procurement process. Our campaign’s success lies in compelling them to define a need that our organisation is uniquely positioned to fulfill.
This leads to our direct tactical approach. We will leverage the provisions for low-value contracts to secure an initial engagement, bypassing a full competitive tender. We will submit an Unsolicited Proposal (USP) for a contract valued just below the public threshold, for instance at £10,500. The justification for a direct award will be based on COCOO’s unique expertise and proprietary intellectual property. Our argument will be that our deep situational knowledge of the Telefónica case and our proprietary analytical methodology—our ‘State-Influenced Enterprise Risk Framework’—are unique. No other supplier has this specific combination of legal, economic, and governance expertise tailored to this precise problem, making a competitive process a ‘false economy’ for this initial, highly specialised work.
Our Unsolicited Proposal will contain a detailed Statement of Work for this initial, low-risk scoping study. It will clearly define the problem we are solving for the regulator: the lack of a robust framework to assess the competitive and security risks arising from foreign state influence in UK critical national infrastructure. Our proposed solution will be the application of our unique analytical framework. The key deliverable will be a detailed Scoping Report, to be completed within six weeks, which will map the specific governance failures in the Telefónica case and provide a high-level implementation plan for a new, more resilient assurance protocol for UK regulators. This proposal will end with a clear statement of our readiness to engage with their commercial department to formalise this scope of work, positioning us not as critics, but as expert partners with a ready-made solution.
UK TENDERS
Comprendo perfectamente la estrategia para el mercado del Reino Unido. El objetivo es utilizar los portales de contratación pública no solo para encontrar oportunidades directas, sino como una herramienta de inteligencia para identificar los “problemas” que el sector público reconoce y necesita resolver. Esto nos permite posicionar los “activos de conocimiento” (Knowledge Assets) únicos de COCOO para proponer soluciones superiores, a menudo de forma no solicitada, y construir alianzas con otros proveedores.
Como en los casos anteriores, debo recordarle que no tengo la capacidad de realizar búsquedas en tiempo real y directas en los portales del gobierno del Reino Unido, como Contracts Finder, Find a Tender o los diversos sistemas del Crown Commercial Service (CCS). Por lo tanto, no puedo proporcionarle un listado de licitaciones actualmente abiertas con sus plazos específicos.
Sin embargo, puedo guiarle con gran precisión sobre cómo ejecutar esta estrategia. Basándonos en nuestro caso sobre Telefónica y VMO2, los “problemas” que el sector público del Reino Unido probablemente está tratando de solucionar son claros. Estos incluyen los riesgos para la seguridad de las infraestructuras críticas de comunicación derivados de la influencia de un estado extranjero en un proveedor clave; la supervisión de la competencia en un mercado de telecomunicaciones altamente concentrado; la protección del pluralismo mediático; y la necesidad de una gobernanza corporativa robusta en empresas de importancia sistémica.
Nuestros activos de conocimiento residen en nuestra experiencia en la intersección del derecho de la competencia, la regulación de las telecomunicaciones, la seguridad nacional y el buen gobierno corporativo. Por lo tanto, su búsqueda en los portales del Reino Unido debe centrarse en licitaciones que aborden estos problemas. En Contracts Finder y Find a Tender, debe utilizar palabras clave como “telecoms regulation”, “critical infrastructure audit”, “corporate governance review”, “competition market study” y “media plurality”.
En cuanto a las vías de contratación del Crown Commercial Service (CCS), nuestra estrategia debe ser doble. Para contratos complejos y de alto valor, el objetivo es ser incluidos en un “framework” o marco de acuerdo. Deberíamos monitorear constantemente la página de “upcoming agreements” del CCS y el servicio Find a Tender para responder a las convocatorias relevantes. Como usted bien señala, si no hay un marco adecuado abierto, podemos identificar a los proveedores ya designados en marcos existentes, como el de “Management Consultancy”, y ofrecerles nuestros servicios especializados como subcontratistas, construyendo así una alianza estratégica para acceder al sector público.
Para servicios más estandarizados, el “Dynamic Purchasing System” (DPS) es una excelente vía de entrada, ya que permite a los proveedores unirse en cualquier momento. Deberíamos solicitar unirnos a un DPS relevante para “Consultancy Services” o “Audit and Assurance”, lo que nos daría acceso a un flujo de oportunidades de menor valor pero más frecuentes, permitiéndonos construir un historial de contratación con el gobierno.
Al analizar las licitaciones que encuentre, debemos prestar especial atención a la descripción del problema que el organismo público intenta resolver. Esta información es la base para nuestra propuesta de valor, donde argumentaremos que una solución verdaderamente eficaz no solo debe abordar el síntoma, sino la causa raíz que hemos identificado en nuestro análisis del caso.
EU TENDERS
Comprendo. Ahora aplicaremos la misma estrategia a nivel europeo, buscando en los portales de la Unión Europea licitaciones que se alineen con las causas de acción y las soluciones que hemos definido en nuestro caso. El objetivo es identificar oportunidades donde podamos presentar propuestas, ya sea directamente o de forma no solicitada, que demuestren nuestra capacidad para resolver problemas complejos de competencia, gobernanza y regulación.
Como le indiqué anteriormente, mis capacidades no me permiten realizar búsquedas en tiempo real y directas en portales como Tenders Electronic Daily (TED) o SIMAP para proporcionarle un listado exhaustivo de licitaciones abiertas y sus plazos específicos. Esa labor requiere una navegación interactiva en dichas plataformas.
No obstante, puedo guiarle con total precisión sobre qué buscar y dónde. Nuestra búsqueda en el portal TED debe centrarse en los anuncios publicados por Direcciones Generales (DG) específicas de la Comisión Europea cuyas competencias se solapan con nuestro caso. Por ejemplo, la DG de Competencia (DG COMP) frecuentemente publica licitaciones para la realización de estudios de mercado en sectores específicos, como las telecomunicaciones, o para la prestación de servicios de consultoría económica en el marco de investigaciones sobre ayudas de Estado o abusos de posición dominante. Deberíamos buscar activamente contratos marco para “servicios de asesoramiento económico y técnico en el ámbito de la competencia”.
Asimismo, la DG de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG CNECT) es una fuente clave. Esta dirección general suele licitar estudios sobre el pluralismo de los medios de comunicación, la desinformación, la gobernanza de las plataformas digitales y la ciberseguridad de las infraestructuras críticas, como las redes 5G. Un contrato de la DG CNECT para “analizar el impacto de la concentración de medios en la Unión Europea” sería una plataforma ideal para presentar nuestros hallazgos sobre la instrumentalización de Telefónica y proponer un marco de auditoría independiente.
La DG de Justicia y Consumidores (DG JUST) también es relevante, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos de los consumidores, que es uno de los pilares de nuestra organización. Las licitaciones de esta DG a menudo se centran en el fortalecimiento de los mecanismos de reparación colectiva o en estudios sobre cómo las prácticas comerciales desleales en los mercados digitales afectan a los ciudadanos.
Para realizar una búsqueda efectiva en TED, le recomiendo utilizar los códigos del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) que se correspondan con nuestras áreas de especialización, como los de servicios de consultoría jurídica, análisis económico, auditoría y servicios de telecomunicaciones. Es fundamental que configure alertas en el portal TED para estos códigos CPV, de modo que reciba notificaciones automáticas de nuevas licitaciones. En cuanto a los plazos, la mayoría de los procedimientos abiertos de la UE suelen ofrecer un plazo de entre 30 y 52 días desde la fecha de publicación del anuncio para la presentación de ofertas, por lo que una monitorización constante es clave para no perder oportunidades. El uso del Documento Europeo Único de Contratación (ESPD) agilizará nuestras presentaciones iniciales, pero debemos estar preparados para movilizar la documentación completa rápidamente.
SPANISH TENDERS
Entiendo que necesita datos específicos de licitaciones. Como le he comentado, no tengo la capacidad de acceder en tiempo real a las bases de datos de los portales de contratación para ofrecerle un listado de licitaciones actualmente abiertas. Esa tarea requiere una interacción directa con los buscadores de dichos portales.
Sin embargo, para asistirle y mostrarle el tipo de información concreta que puede encontrar, he realizado una búsqueda en la información pública que ha sido indexada por los motores de búsqueda. A continuación, le presento el tipo de datos específicos que se pueden hallar y que son relevantes para nuestra estrategia, utilizando ejemplos de contrataciones que, aunque no estén necesariamente abiertas ahora, ilustran perfectamente lo que debemos buscar.
Por ejemplo, una búsqueda de contratos relacionados con la gobernanza corporativa podría revelar una licitación de una empresa pública como Paradores de Turismo de España para un “Servicio de capacitación y certificación en sostenibilidad turística”. Aunque no es del sector de las telecomunicaciones, el objeto del contrato es relevante, pues busca una certificación con un enfoque integral en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Esto demuestra que los organismos públicos contratan servicios para mejorar y validar su buen gobierno, una línea que podemos adaptar para nuestra propuesta a Telefónica. En los pliegos de estas licitaciones se detallan las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación y el presupuesto base, datos que nos permitirían formular una contrapropuesta más robusta.
Asimismo, en el ámbito de las telecomunicaciones, es frecuente encontrar licitaciones para la prestación de servicios a la propia administración. Un ejemplo podría ser un contrato para los “servicios de telefonía móvil, fija y servicio gestionado de datos en el ámbito de la CNMC”. El análisis de los pliegos de estos contratos es crucial. En ellos, la administración establece sus requisitos técnicos y de solvencia, y a menudo se incluyen cláusulas que exigen al adjudicatario el cumplimiento estricto de la legislación de defensa de la competencia. Este tipo de cláusulas son un punto de apoyo para nuestros argumentos, ya que confirman la importancia que el propio sector público otorga a la competencia leal, un principio que alegamos se está vulnerando.
Estos son los “datos específicos” que debe buscar en la Plataforma de Contratación del Sector Público: el objeto detallado del contrato, el órgano contratante, el valor estimado, los requisitos de solvencia técnica y económica, y las cláusulas específicas de cumplimiento normativo. Le recomiendo que utilice los portales que le facilité para buscar activamente con las palabras clave que hemos definido, ya que ahí encontrará los expedientes completos y la información más actualizada sobre las oportunidades vigentes.
Comprendo perfectamente la estrategia. El objetivo es identificar licitaciones públicas en España que, aunque no las ganemos directamente, nos sirvan como una palanca para presentar nuestras propias soluciones a través de propuestas no solicitadas (USP), demostrando que hemos identificado problemas sistémicos que los concursos actuales no resuelven de raíz.
Dado que no puedo acceder a sitios web externos en tiempo real, no me es posible realizar una búsqueda directa y actualizada en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en ROLECE. Sin embargo, basándome en el análisis exhaustivo de nuestro caso, puedo deducir con gran precisión qué tipo de licitaciones debemos buscar, ya que se alinean directamente con las soluciones que propondríamos para las causas de acción que hemos identificado.
Nuestra labor se centraría en buscar contratos públicos que aborden los síntomas de los problemas que hemos detectado. Por ejemplo, en relación con la vulnerabilidad de la gobernanza corporativa de Telefónica y la presunta influencia política, deberíamos buscar en el portal de contratación licitaciones relacionadas con “auditorías de cumplimiento normativo”, “consultoría en buen gobierno corporativo”, “desarrollo de marcos de transparencia para empresas participadas” o “evaluación de riesgos en consejos de administración”. Este tipo de contratos suelen ser convocados por ministerios como el de Economía o Hacienda, o por la propia CNMC, y demuestran la necesidad reconocida por el sector público de asegurar la integridad en la gestión.
Para abordar la distorsión de la competencia y el posible abuso de posición dominante, buscaremos licitaciones que soliciten “estudios de mercado del sector de las telecomunicaciones”, “análisis de impacto competitivo”, “informes sobre la estructura de precios mayoristas” o “servicios de consultoría para la supervisión de mercados regulados”. Estos concursos validan nuestra tesis de que existe una preocupación por el correcto funcionamiento del mercado. Nuestra propuesta no solicitada iría un paso más allá, argumentando que ningún estudio de mercado será completo si no se considera el factor distorsionador de la ayuda de estado implícita y la gobernanza politizada.
En cuanto a las amenazas al pluralismo mediático, es fundamental localizar licitaciones sobre “análisis de la inversión publicitaria institucional”, “estudios sobre la pluralidad de medios de comunicación” o “desarrollo de algoritmos para la distribución equitativa de la publicidad”. La existencia de tales concursos sería la prueba de que el gobierno percibe un problema. Nuestra solución propuesta sería un sistema de auditoría independiente que garantice que grandes anunciantes en sectores estratégicos, como Telefónica, no utilicen su poder publicitario con fines políticos, protegiendo así la competencia en el mercado de la información.
Finalmente, en lo que respecta a la seguridad nacional, buscaremos activamente contratos relativos a la “auditoría de seguridad de infraestructuras críticas de comunicación”, “análisis de riesgos de inversión extranjera en sectores estratégicos” o “consultoría para el cumplimiento de la normativa de seguridad de redes 5G”. Estos concursos nos permitirían presentar una propuesta de valor única: un servicio que no solo evalúa la seguridad técnica, sino también el riesgo de gobernanza, es decir, cómo las decisiones tomadas por una cúpula directiva influenciada por un estado extranjero pueden comprometer la seguridad de la infraestructura de otro país.
Al monitorizar estas áreas en los portales de contratación, no solo identificaremos oportunidades para presentar nuestras soluciones, sino que también recopilaremos evidencia de que el propio sector público reconoce la existencia de las debilidades que nosotros hemos denunciado, fortaleciendo enormemente nuestra posición negociadora y nuestra campaña mediática.
Based on the circumstances detailed in our files, there are several potential causes of action in tort and contract that could be brought against the public sector, specifically the Spanish government and its industrial holding company, SEPI. In these actions, certain private companies would almost certainly be named as jointly responsible parties due to their role in the alleged conduct.
The most significant potential cause of action against the Spanish government lies in tort law, specifically the tort of misfeasance in public office. This claim would arise if we can demonstrate that government officials knowingly acted unlawfully by authorising the investment in Telefónica, viewing it as a potential illegal state subsidy under EU law. If this investment was not a rational commercial decision but a political manoeuvre that distorted the market, and this action foreseeably caused financial harm to competitors, those competitors would have a strong basis to sue the responsible government ministry.
Furthermore, a claim for tortious interference with contractual relations is a distinct possibility. If the Spanish government’s influence pressures Telefónica or its UK joint venture, Virgin Media O2, to breach existing contracts—for instance, by favouring certain suppliers for political reasons or by altering wholesale terms for partners like MVNOs—the government could be held liable for inducing that breach of contract. A related action could be for conspiracy to injure by unlawful means, alleging that the government and Telefónica’s leadership colluded to harm competitors using illegal methods, such as predatory pricing made possible by the state’s financial backing.
In contract law, while the government’s position is primarily that of a shareholder, liability could still arise. If a formal shareholder agreement exists between SEPI and Telefónica that outlines specific obligations, a breach of those terms could give rise to a claim. More indirectly, the government’s actions could cause Telefónica to breach its fundamental joint venture agreement with its partner in the UK, Liberty Global, creating a complex web of contractual liabilities.
In any of these potential legal actions, the primary private company that would be held jointly responsible with the Spanish government is Telefónica S.A. itself, along with its UK entity, Virgin Media O2. The entire case rests on the premise of state influence guiding corporate action, making the company the vehicle through which the alleged harm is delivered. Therefore, Telefónica would be a necessary co-defendant in any claim related to market abuse or conspiracy.
Beyond Telefónica, other private entities could be implicated. The documents highlight the role of Indra, a partly state-owned technology firm, as a source for politically connected executives who were subsequently appointed to leadership positions at Telefónica. This suggests Indra could be drawn into a wider claim concerning a scheme to compromise corporate governance. Similarly, in the media sector, if it can be proven that Telefónica used its advertising budget to form an anti-competitive agreement with media companies like Grupo PRISA in exchange for favourable coverage, then Grupo PRISA could also be held jointly liable for participating in such a restrictive practice. The entanglement of state and corporate power has created a scenario where the actions of public officials and private company executives are deeply intertwined, establishing a clear basis for their joint responsibility in any future litigation.
all the attached files were exceptionally useful in refining our strategy. The documents providing the SIC, NACE, and ICB codes were fundamental in structuring our search for relevant companies. They allowed us to move beyond simple brand names and use the official classifications that define the European economic landscape, ensuring a systematic and comprehensive identification of the key players.
The CASELEX files, which detail antitrust market definitions, were of particular strategic value to our case. While not industry codes themselves, they provide a crucial legal lens, illustrating how competition authorities delineate the specific arenas where competitive harm occurs. They helped us understand the nuances between broad industrial sectors and the narrower, more precise ‘relevant markets’ that are central to any competition law claim. This allows us to pinpoint the exact activities, such as IT tying, cloud services, and wholesale network access, and thereby identify the specific classes of competitors and consumers who have been harmed.
Based on this analysis, we can now identify companies that are potential competitors, collaborators, or business users harmed by the conduct of Telefónica and Virgin Media O2. In the core Spanish telecommunications market, which corresponds to NACE code J61, Telefónica’s primary competitors are Orange España and Vodafone Spain. Following recent consolidation, Orange is now part of the MasOrange joint venture with MasMovil, a significant new entity. Vodafone Spain was recently acquired by Zegona Communications. Another aggressive competitor taking market share is Digi Spain, a subsidiary of the Romanian Digi Communications group. Key contacts for these entities can typically be found through their investor relations or press office pages on their corporate websites.
In the United Kingdom, the competitive landscape for Virgin Media O2, which operates across similar NACE and ICB telecommunications and media codes, is dominated by BT Group, which owns the mobile network EE. Another key competitor is Vodafone UK, which is currently pursuing a merger with Three UK. These companies represent the main rivals in both the consumer mobile and broadband markets. Furthermore, we must consider major business users who are also collaborators, such as Sky and Tesco Mobile. Both operate as Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) using the O2 network infrastructure. Their commercial viability is directly tied to the wholesale terms offered by VMO2, making them a key group potentially harmed by any margin-squeezing or discriminatory practices. For corporate outreach, initial contact details are often available on their dedicated media or corporate affairs webpages.
Within the European media and pay-television sector, corresponding to NACE codes J59 and J60, Telefónica’s Movistar Plus+ faces competition from streaming giants and traditional broadcasters. In Spain, key players include Atresmedia and Mediaset España, as well as the global sports streaming service DAZN, with whom Telefónica has had complex, and at times contentious, commercial dealings. In the UK, VMO2’s television platform competes with Sky, which is the dominant player, as well as BT and the public service broadcaster ITV.
The emerging market for cloud services, classified under NACE code J63.11 for data processing and hosting, is also critical. Here, Telefónica’s enterprise-facing cloud solutions compete with the global hyperscalers: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, and Google Cloud. There are also significant European competitors, such as OVHcloud in France and SAP in Germany, who would be directly affected by any anticompetitive leveraging of Telefónica’s telecom dominance into the cloud space. The corporate and legal departments of these technology companies are the appropriate points of contact. This comprehensive identification provides us with a strong foundation to begin building our coalition of affected parties.
delineate the specific products and services offered by Telefónica S.A. and its UK joint venture, Virgin Media O2, which form the subject matter of our potential causes of action. Understanding these offerings is crucial for us to define the affected consumer classes and identify the competitive landscape in which these entities operate.
Telefónica’s operations, primarily centered in Spain, encompass a broad spectrum of telecommunications and media services. The company provides fundamental fixed-line telephone services, mobile telephony, and broadband internet access to a vast residential and corporate customer base. A significant and strategic component of its business is its pay-television platform, Movistar Plus+. Through this platform, Telefónica not only distributes a wide array of third-party content, including premium sports like Formula 1, movies, and series, but also produces its own original programming. This positions Telefónica as a dominant gatekeeper of content. Furthermore, Telefónica is a powerhouse in the advertising sector, leveraging its substantial budget to promote its brands, such as Movistar and O2, across all forms of media. This spending gives it considerable influence over media outlets. The company also operates in the wholesale market, providing other telecom operators with necessary access to its network infrastructure.
In the United Kingdom, our focus is on Virgin Media O2 (VMO2), a joint venture that combines Telefónica’s O2 mobile network with Liberty Global’s Virgin Media cable network. VMO2 is a leading player in the UK, offering a converged service portfolio. This includes mobile services under the highly recognized O2 brand and fixed-line services through Virgin Media, which provides high-speed broadband, pay-television, and landline telephone services. A key commercial strategy for VMO2 is the bundling of these services into comprehensive packages for its millions of UK customers. Beyond its direct-to-consumer offerings, VMO2 is a critical player in the wholesale market, providing essential mobile network access to Mobile Virtual Network Operators (MVNOs), such as Sky Mobile and Tesco Mobile, which depend on VMO2’s infrastructure to serve their own customers. The company’s infrastructure, comprising an extensive cable network and shared mobile masts, represents a formidable asset in the UK’s critical national telecommunications framework.